El juez cree que «ha quedado acreditado» que desde que ocupó su puesto como letrado -después de ser cesado como secretario del ayuntamiento en 2007-, se ha producido una «ausencia» de funciones y responsabilidades, algo «insólito» en una situación de crisis como la actual.
Pese a ello, el funcionario vio como sus retribuciones se incrementaron «sin ningún fundamento», asegura el fallo. Tal situación, «genera desaliento y puede llegar a producir consecuencias negativas en la salud del funcionario», «por una sensación de vacío y desmoronamiento moral al encontrarse aislado», finaliza la sentencia judicial.
El Gobierno decidió que estos casos sean acoso laboral
El Ministerio de Política Territorial y Administración Pública estableció un reglamento, publicado en el BOE el 1 de junio, en el que se regula el ‘mobbing’ en la función pública y se considera que mantener a un funcionario sin trabajo u ordenarle tareas inútiles deberá ser considerado como acoso laboral.
Dictar órdenes de imposible cumplimiento con los medios que se asignan también tendrá esta consideración.