La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia juzga desde este lunes al exdueño de un bar musical ubicado en la localidad valenciana de Anna por poner la música muy alta –desde su apertura, en 2001, hasta su cierre, en 2007– y causar trastornos a dos vecinos. Según el relato del fiscal, el bar funcionaba de forma «ilegal» y carecía de insonorización.
El ministerio fiscal pide para este hombre una pena de seis años de prisión por un delito contra el medioambiente y otros dos de lesiones, así como una inhabilitación especial por el mismo tiempo para realizar actividades relacionadas con el bar. También le exige una indemnización de 24.171 euros para los afectados.
El acusado fue titular propietario de un bar musical desde diciembre de 2001 hasta marzo de 2007. Este local ocupaba las instalaciones de un bar restaurante anterior, y sin haber obtenido las pertinentes licencias municipales de actividad, apertura y funcionamiento, lo abrió y explotó como bar con ambiente musical, según se especifica en el relato del fiscal.
Para su explotación, el hombre instaló un equipo de reproducción mecánica de música con un amplificador o mesa de mezclas y varios altavoces de amplificación de sonido instalados en diferentes puntos del establecimiento.
El ruido generado por el aparato de música y sistema de altavoces, desde el inicio de la actividad, y hasta el traspaso del negocio, ha perturbado gravemente la vida familiar y la salud física y psíquica de dos moradores de una vivienda unifamiliar, ubicada en la calle Calvario de Anna.
Desde el inicio, uno de los afectados ha ido formulando sucesivas denuncias y presentando múltiples escritos ante diversas instancias, fundamentalmente ante la Policía Local y el Ayuntamiento, en las que hacía constar el funcionamiento ilegal del bar, la carencia e insuficiencia de insonorización del mismo y la contaminación acústica por la música y los clientes.
Como consecuencia se realizaron diversas inspecciones en el bar y en el domicilio de los afectados, de donde se tomaron muestras sonométricas que demostraban que se estaban vulnerando los límites de emisión de ruido establecidos en la normativa medioambiente vigente, lo que suponía un grave riesgo para la salud de las personas que habilitaban en la vivienda unifamiliar colindante al local.
De esta vulneración y del grave riesgo derivado era «plenamente consciente» el acusado, quien no puso solución. Como consecuencia, los dos vecinos colindantes, de 61 años, sufrieron un trastorno ansioso-depresivo con deterioro de su vida laboral, estrés, trastornos del sueño y ansiedad.