Chihuahua, Chihuahua.- La Secretaría de Trabajo y Previsión Social estatal tiene en la mira a 12 abogados coludidos con trabajadores que han obtenido jugosas ganancias a costillas de compañías chihuahuenses, ante lo cual trabaja en conjunto con la Fiscalía General del Estado para desmantelar a este grupo de “depredadores de empresas”.

Asimismo esta secretaría rotó, a partir de esta semana, a los cuatro presidentes de las Juntas Especiales para evitar cualquier posibilidad de colusión entre estos litigantes y autoridades locales, cuyos funcionarios llevaban años sin ser intercambiados.

Lo anterior forma parte del programa estatal “Cultura de la legalidad”, en el cual a partir de este gobierno estatal se transformó en secretaria a lo que antes sólo fungía como una dirección, creando la STyPS, a cargo de Fidel Pérez Romero.

De acuerdo a la información oficial desde inicios de este gobierno las autoridades laborales trabajan para evitar que los trabajadores, empresas o litigantes lucren con las “lagunas legales” de la Ley Federal del Trabajo y se beneficien de manera directa.

Para ello esta secretaría ha detectado en los dos primeros meses a un grupo de por lo menos doce abogados con historiales muy sorprendentes, como el que uno sólo de ellos cuente con más de mil casos en su historial de pocos años o que las empresas afectadas aseguren que la información del trabajador fue falsa.

Como parte de este programa autoridades laborales trabajan en conjunto con las ministeriales para investigar a fondo a esta mafia laboral, considerada en el interior de esta dependencia como “depredadores de empresas”, ya que son abogados reconocidos en este mundo por su escasa ética y oportunismo.

Ante esta situación Fidel Pérez Romero comentó que para proceder en contra de cualquiera de estos abogados es necesario que la empresa o persona afectada presente una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, momento en que la dependencia a su cargo dará toda la ayuda que sea necesaria para esclarecer la situación.

Además informó que a partir de esta semana los cuatro presidentes de las juntas especiales fueron cambiados para evitar posibles vínculos con estos abogados.

Se trata de Humberto Flores Hinojosa, Álvaro Gómez Castañeda, Beatriz Alarcón y Marcela Barraza, quienes quedaron en sus mismos cargos pero en distinta junta.

Por su parte José Portillo, director general de Ética y Justicia Laboral, informó que se analizan ciertos casos donde estos abogados posiblemente falsearon información, principalmente en los domicilios de los supuestos testigos.

Para poder detectar a “un depredador de empresas” autoridades laborales se abocan a la investigación en su historial del número de casos representados y se analiza la información, además de revisar cada uno de los expedientes para precisar si falseó información.

Asimismo se mantiene contacto con los trabajadores para conocer si hubo la correcta comunicación o sólo se firmó un poder de representación; se precisa que no cuente con “ayudantes” para llevar los casos, ya que en muchas de las ocasiones se trata de aprendices sin título que laboran para estos abogados, y se investiga si sus casos tienen rotación en las juntas especiales o siempre se trabaja en la misma.

Por razones de la propia investigación los datos sobre estos doce abogados no fueron dados a conocer públicamente con el fin de no afectar a la misma.

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