El Departamento de Infancia y Familia de Kansas (EEUU) ha suscitado una polémica al reclamar a un donante de esperma que se responsabilice de más de 6.000 dólares en gastos médicos, así como de una pensión alimenticia para la que considera “su hija”.
El donante, William Marotta, mecánico, de 46 años y casado, accedió en 2009 a donar su esperma a una pareja lesbiana a través de una página de anuncios de internet.
El esperma fue inseminado en una de las mujeres sin mediación de ningún médico, algo que Marotta desconocía, según apuntó hoy él mismo en una entrevista en la cadena CNN, y meses más tarde nació una niña que ahora tiene tres años.
La “alegalidad” de este procedimiento -en ningún momento se recurrió a una clínica de inseminación artificial o a un doctor autorizado para ello- sería la causante del vacío reglamentario que ha permitido a los servicios sociales cargar sobre el donante la responsabilidad de la niña, pese a que Marotta renunció por escrito a “todos sus derechos de paternidad”.
“Yo no sabía que no había ningún médico involucrado en el proceso”, apuntó hoy Marotta en la entrevista con CNN, a la que acudió acompañado por su abogado.
La pareja homosexual, formada por Angela Bauer, de 40 años, y Jennifer Schreiner, de 34 y madre biológica de la niña, se hizo cargo en un primer momento de los gastos del bebé, algo que se mantuvo incluso después de que ambas mujeres “rompiesen” su relación en diciembre de 2010.
Los problemas llegaron en marzo del año pasado, cuando a Bauer le fue diagnosticada una “grave enfermedad” que le impidió seguir trabajando, por lo que la expareja recurrió a los servicios sociales del estado de Kansas para obtener la ayuda pública del programa “Medicaid”, que cubriría los gastos médicos de la pequeña.
Al no haber estado nunca casadas -el estado de Kansas no reconoce los matrimonios homosexuales-, Bauer no fue reconocida como “progenitora” de la niña, por lo que, a efectos legales, Schreiner fue considerada madre soltera y se le exigió que revelase el nombre del “auténtico padre”, es decir, el donante de semen.
“Nos amenazaron con no darnos las ayudas para la niña si no les decíamos el nombre del donante”, aseguró Bauer al citado diario.
Finalmente, la expareja homosexual accedió y los servicios sociales se pusieron en contacto con Marotta para exigirle el pago de 6.000 dólares en gastos médicos de “su hija” y de una pensión alimenticia, algo a lo que ambas mujeres se oponen.
“El estado de Kansas es el responsable de este caos”, señaló Bauer, quien estará “eternamente agradecida” a Marotta, “un hombre admirable que sólo quería ayudarnos a tener un hijo” y de quien “jamás” buscaron ayuda económica, añadió.
Con el apoyo simbólico de la expareja de lesbianas, los esfuerzos de Marotta se centran ahora en que el juez desestime el recurso del Departamento de Infancia y Familia, aunque ya está programada una primera audiencia para el próximo martes.
La legislación de Kansas establece que para que un donante de esperma no tenga ninguna responsabilidad sobre su presumible “descendencia”, la inseminación debe hacerse a través de un “médico autorizado”, que posteriormente pueda acreditar que el donante no tiene “ninguna conexión” con la madre.
Esto es así para evitar que, por ejemplo, un exnovio -que sí tendría responsabilidad legal sobre la criatura-, cuyo esperma le hubiese sido inseminado de forma artificial a su pareja, pudiese evitar el pago de una pensión alegando ser “donante”.
“Con todo lo que sé ahora, no creo que volviese a dar mi semen en las condiciones en las que lo di”, se lamentó el propio Marotta en declaraciones a la cadena estadounidense NBC.